Abogados y actuaciones privadas

Controlar la publicidad de los sitios web: Los artículo 4 y 5 de la Ley General de Publicidad castigan la publicidad engañosa. Cualquier transacción implica un contrato. En estos tiempos cobra especial relevancia las relaciones comerciales realizadas mediante sistemas electrónicos, dentro de todos ellos destaca el uso de Internet para la adquisición de bienes y servicios. El Art.4.5 CR establece que la presunción del Art.4.2 (cláusula de escape) puede decaer si se demuestra que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país siendo ésta última la ley aplicable.

En principio establece un régimen de responsabilidad específico para cuatro casos relativos: 1º A la responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir pro una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar el acceso a la Red.; Se refiere a la responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios; Se contempla la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, y por último se refiere a la responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenido o instrumentos de búsqueda.

El ejercicio de este derecho supondrá que, en el plazo de otros catorce días naturales desde que haya sido informado de la decisión de desistimiento, el empresario deberá reembolsar al consumidor de todos los pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega del bien; incluso, si se produjese un retraso injustificado del empresario en dicho reembolso, el consumidor puede reclamar el doble del importe total, sin perjuicio de poder reclamar, en su caso, por los daños y perjuicios en lo que exceda de dicha suma. Por tanto, son plenamente aplicables las normas del IRPF y del Impuesto sobre sociedades que gravan todas sus rentas obtenidas, cualquiera que sea su fuente u origen, sin necesidad de hacer consideraciones especiales sobre las mismas.

También se incluye en el concepto de costas la tasa judicial, un tributo que han de satisfacer las personas jurídicas para poder presentar demandas y recursos. Uno de los primeros referentes aparecido en el marco de la Comunidad Europea, en relación al comercio electrónico, es la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. La AEPD alerta sobre auditorías telefónicas. Si no sabes cómo iniciar un negocio de comercio electrónico ponte en contacto con nosotros. La situación física del servidor es irrelevante para determinar la ley del contrato. Para ello, es preciso que los interesados estén de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de los árbitros. Se modifica el RDL de 12 de diciembre de 2008 para que en el ejercicio 2014 no se computen las pérdidas por deterioro de activos a efectos de que no sea causa de insolvencia o de disolución y liquidación de la sociedad.

El régimen del comercio electrónico está regulado en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Conocer los derechos y garantías de los consumidores. Consulte el manual de su navegador para averiguar cómo informa de que se ha establecido una conexión con un servidor seguro. Entrega del producto conforme a lo contratado: el vendedor tiene que responder ante cualquier disconformidad que aparezca a la hora de la entrega de la mercancía. Las demás se reparten a lo largo de la jornada y se acumulan a las amenazas que convierten a la angustia en pan cotidiano. El artículo 20 de la LSSI determina la información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos. Una de las formas de señalar al moroso, al igual que al que incumplía un acuerdo, era la parodia. Identificar al prestador de servicios. Las órdenes ahora son aceptar cualquier acuerdo, dentro de lo razonable, que se llegue con el deudor, con tal de que pague algo”, Encontramos cobradores hasta en la Biblia.

El incremento progresivo de la actividad comercial por Internet suscita muchas preguntas jurídicas problemáticas, sobre la normativa aplicable a un contrato, en qué momento se da por efectuado el contrato, en qué momento nacen las obligaciones y derechos, qué derechos tienen los consumidores online o los comerciantes online o la más habitual ¿tengo los mismos derechos si compro en una tienda normal que en una tienda online? En definitiva, Internet ha irrumpido con fuerza como herramienta comercial pero con un gran desconocimiento de las normas que lo regulan. Incorporación de las CGC al contrato. En 2014, las denuncias ante el organismo relativas a la esfera de la morosidad se incrementaron en más del 40% respecto a 2012. La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 22 de febrero de 2000, rec. Este Reglamento distingue entre varios tipos de contratos. Prepárate para competir en un mercado con un valor añadido: la “seguridad jurídica” en las operaciones comerciales.

El Servicio de Comercio Electrónico División de Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y Eficiencia Comercial de Naciones Unidas (UNCTAD) ofrece una definición amplia de comercio electrónico que incluye el uso de sistemas de comunicación basados en Internet y en no-Internet, tales como pedidos telefónicos, televisión interactiva, correo electrónico o telefonía móvil y celular. Y no cabe duda que tiene razón al pensar así. Sólo tenemos que hacer una mera búsqueda en Google con nuestro nombre completo para comprobarlo (y más si lo entrecomillamos): ahí veremos que distintas publicaciones e Instituciones ya han volcado nuestros datos en la Red: nuestra participación en unas oposiciones, una multa de tráfico o una foto que nos sacó un amigo y que etiquetó en Facebook están ya ahí y, en ocasiones, pueden afectar nuestra dignidad e imagen pública. Entre esos aspectos de la prestación de servicios están el precio completo (con tasas e impuestos), los plazos de entrega (consecuencias de excederse en ellos) y los costes de devolución (si existieran).

Trámites esenciales.- El procedimiento del juicio verbal comienza con una demanda breve en la que se debe fijar con claridad qué es lo que se pide. Para que pueda seguirse el procedimiento notarial, es preciso que se haya pactado así en la escritura pública en la que se constituyó la hipoteca, y es necesario, además, que dicha escritura haya sido inscrita en el Registro de la Propiedad. Cuando una parte no tiene un domicilio en el Estado miembro cuyos tribunales conocen del asunto, para determinar si dicha persona tiene un domicilio en otro Estado miembro, el juez deberá aplicar su legislación interna. “Me reclaman una deuda de hace quince años” “Me reclaman una deuda de hace quince años”, “me reclaman una deuda de la que no tengo ni idea”, “me dicen que si pago ahora me dejan la deuda un 40% más barata, como si fuesen las rebajas”. La reclamación se remite al empresario, a fin de que este conozca el hecho y proponga una entidad de resolución alternativa para el litigio en particular.

Por reconocimiento de deuda se atienden figuras jurídicas de contenido y naturaleza muy diferentes. Sin embargo, no cabe recurso de apelación contra las sentencias que se dicten en asuntos cuya cuantía no exceda de 3.000 euros. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. En definitiva los Estados estarían renunciando a su papel fundamental de dictar normas jurídicas y lo dejarían en manos de empresas privadas. Pinche sobre la imagen para desplegar la infografía ampliar foto Pinche sobre la imagen para desplegar la infografía Para instar este procedimiento notarial de reclamación de deudas, basta con acudir al notario con el documento que refleja la deuda y cumpliendo los requisitos antedichos. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo.

Para el caso de los acreedores financieros que no hubieren suscrito el acuerdo de refinanciación o que estuvieren en contra del mismo, se les extenderán igualmente determinados efectos del acuerdo de refinanciación homologado, todo ello dependiendo del porcentaje de acreedores financieros que sí hayan suscrito el acuerdo. Es lícito el pacto de renuncia a dicha información, sin que sea exigible cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente. Finalidad para la que se recogen los datos Desconfíe si los datos que le solicitan son excesivos para la finalidad con la que se recogen o innecesarios para el servicio que se le presta. A través de el se pretenden resolver los conflictos que surgen en la red, buscando una regulación basada en normas materiales específicas, al margen del derecho de los Estados. reconoce que “el mundo de las deudas es un universo de casuística”, y que por eso puede es aconsejable dirigirse a un abogado. Cc y con ello la normativa española resultaría aplicable. Y comparan mes a mes cuáles son las que mejor funcionan.

Las autoridades españolas, conforme al Art.8.1 Cc y a la LSSI, serían perfectamente competentes y podrían dictar una resolución condenatoria contra la empresa norteamericana. La Sentencia de 8 de marzo de 1956 enseña que la cuestión de si existe reconocimiento constitutivo de deuda ha de resolverse, por interpretación, según el tenor literal del reconocimiento, su finalidad y las circunstancias concurrentes, por lo que si no se indica en absoluto la causa de la obligación, si la referencia a esa causa de obligar es meramente general, habrá de resolverse con frecuencia de manera afirmativa, mientras que si se indica con precisión la causa de obligar, sólo podrá admitirse el reconocimiento constitutivo de una manera excepcional y en mérito de razones especiales. Sin embargo, aún le queda mucho que hacer para superar precisamente la importante brecha digital que aún existe en Europa así como el hecho de lograr y mejorar el acceso de zonas rurales: ambos problemas están muy presentes aún en nuestro país y en Galicia en particular.

España, por supuesto, no es una excepción y tiene un desafío mayor que otros países al haber basado su modelo productivo en bienes reales más que en bienes intelectuales o en la innovación. También puede suceder que no sea necesario celebrar el juicio, si no se han propuesto pruebas, o éstas no han sido admitidas, o solamente se han propuesto como prueba los documentos aportados por las partes con sus escritos de demanda y contestación. El contrato se regirá por la legislación supletoria. En cualquier caso, el vendedor debe devolverle el precio del producto en un máximo de treinta días. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, al reconocimiento de deuda, negocio jurídico unilateral que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le ha admitido por doctrina y jurisprudencia el efecto material de quedar obligado al cumplimiento, por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente”.

El Phising o pesca por Internet Estos ataques se producen cuando los que envían spam, haciéndose pasar por bancos u otras compañías conocidas (Paypal, eBay, etc) envían e-mails masivos instando a los receptores a actualizar su información bancaria en páginas web falsas que parecen legítimas. Por otra parte, en el suministro de determinados servicios el ejercicio del derecho de desistimiento supondrá la baja en el suministro contratado. La disposición adicional 1ª de la LDCU contiene una lista enunciativa y no cerrada de cláusulas abusivas. La generalización de estas iniciativas como la Ley HADOPI en Francia, la Ley Sinde en España o la nueva Stop Online Piracy Act (SOPA) en Estado Unidos, puede perjudicar mucho en correcto desarrollo de la Sociedad de la Información puesto que se basan en limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad en aras de proteger derechos mercantiles privados y no fundamentales. 4.3.2.- EL JUICIO CAMBIARIO Casos en que procede.-

Se puede acudir a este procedimiento cuando se trate de cobrar el importe de una letra de cambio, de un pagaré o de un cheque, siempre y cuando estos documentos cumplan los requisitos que la Ley exige para que puedan tener tal consideración. Por tanto hemos de deducir que la demanda ha de presentarse en los Tribunales suizos que es donde está situada la residencia del prestador de los servicios. Ley 29/2006 de 26 de Julio de Garantía y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios. “Depende de la antigüedad de la deuda y del tipo de deuda. Exclusión de la consideración de servicios prestados bajo la LSSI los siguientes: Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex. Vamos a ver dos supuestos prácticos diferenciados: Aparentemente en el mercado una empresa está operando desde España, pero en realidad esto no es así, ya que está operando desde otro Estado.

Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables. International Cyber Law o Derecho Internacional Privado Para la resolución de los conflictos que surgen en las transacciones electrónicas que se realizan mediante el uso de Internet, hay dos corrientes predominantes en su forma de regulación: Una es el International Cyber law y otra el Derecho Internacional Privado. Si se embarga dinero o saldos en cuentas corrientes, puede obtenerse el pago de forma relativamente rápida. Hasta 2002 existía una obligación de registro de las empresas de venta a distancia. El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes. Las comunicaciones afirman que esta práctica permite certificar la idoneidad de las medidas de seguridad de nivel medio y/o alto en los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos.

Para que pueda seguirse el procedimiento notarial, es preciso que se haya pactado así en la escritura pública en la que se constituyó la hipoteca, y es necesario, además, que dicha escritura haya sido inscrita en el Registro de la Propiedad.

Comunicación comercial es un término que incluye tanto la publicidad como las promociones de productos. Cuanto más claro esté el contrato, menos problemas tendremos luego y, a la larga, los clientes agradecen que las empresas sean transparentes. Es lo que se denomina el “déficit democrático” que puede perjudicar a las pequeñas y medianas empresas y en última instancia a los consumidores. Las de crédito al consumo se venden a menos precio”, La empresa que compra la deuda, como en el caso de Intrum, aplica intereses, lo que sumado a la venta por debajo del costo, proporciona beneficios que multiplican lo pagado, aunque algunas deudas sean causa perdida porque, tras una investigación del deudor, si no hay nada que embargar, ni avalistas Las deudas que se reclaman no tienen por qué ser grandes cantidades. b) Contratos prestación de servicios: la obligación que sirve de base para la interposición de la demanda, es el lugar de prestación de servicios.

Estos bienes, si se encuentran, serán vendidos en subasta pública o ejecutados de las otras formas que se han mencionado en el apartado correspondiente al juicio ejecutivo. Entre las prácticas abusivas más comunes para presionar al deudor están las falsas amenazas o la divulgación de la condición de morosidad a terceras personas. Comercio Electrónico Los Estados miembros deben establecer en su legislación que los prestadores de servicios de la sociedad de la información puedan facilitar a los destinatarios de los servicios y a las autoridades competentes un acceso fácil, directo y permanente a la información relativa a sus actividades: nombre, dirección electrónica, número de inscripción en el registro mercantil, título profesional, afiliación a organizaciones profesionales, número de IVA. Esto lleva como contrapartida que el envío debe hacerse por la modalidad menos costosa y que el empresario puede retener el reembolso de esas cantidades hasta haber recibido el bien.

Como precisa el artículo 23 de la denominada Ley del comercio electrónico, los contratos realizados por medios electrónicos tienen plena validez siempre que concurran el consentimiento y el resto de los requisitos necesarios para la validez del contrato. Recomendaciones a seguir a la hora de realizar una compra a través del comercio electrónico: Informarse sobre a quién se está comprando, es decir, localizar datos de identificación de la empresa: nombre o denominación social, dirección, teléfono, NIF, inscripción en el registro mercantil… Estos deben aparecer obligatoriamente en la página web y, ante la duda, evitar comprar en sitios donde no aparece una dirección física o donde la única forma de contacto es a través de un móvil.

Salvo excepciones, el mero hecho de que el demandado comparezca ante el órgano jurisdiccional da lugar a la competencia judicial de los órganos jurisdiccionales de ese Estado contratante, aún en el caso de que no sean de ordinario competentes Conforme al art.2 R44/2001 son competentes los tribunales del domicilio del demandado, distinguiendo según se trate de: persona física: según la normativa interna del país en el que se presenta la demanda (En nuestro artículo 40 Cc el domicilio equivale a la residencia habitual). Garantía: al igual que en la compra de cualquier producto, el consumidor tiene derecho a una garantía mínima de 2 años. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. En Internet no obstante el problema surge cuando las empresas no identifican su domicilio, si bien cabe la subsanación de esta problemática a través de mecanismos tales como firma electrónica. Con el fin de advertir a los responsables de ficheros de este tipo de prácticas, la Agencia manifiesta que una oferta que incluye una auditoría telefónica de medidas de seguridad no permitiría obtener los resultados establecidos en la normativa de protección de datos.

EL JUICIO VERBAL Casos en que procede.- Además de ser procedente para las reclamaciones de cantidades iguales o inferiores a 6.000 euros, este procedimiento es también aplicable a otro tipo de reclamaciones, como las que persiguen el desahucio de un arrendatario moroso, la suspensión de una obra nueva o el derribo de alguna obra o edificio que amenace ruina, y otras especificadas por la Ley. EL CONTRATO DE COMERCIO ELECTRÓNICO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS A CONSUMIDORES El contrato en cuestión no presenta otras especialidades que la de extender la protección del consumidor a este tipo de servicios, imponiendo deberes al oferente en relación a las características del producto, con incremento del periodo de desistimiento pues frente al de siete días previsto en la normativa anterior, se establece en un margen entre catorce y treinta días, en determinados casos, y constitución de fondos de garantía, todo ello conforme a la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

En esta fase de ejecución de las obligaciones es cuando el consumidor debe de estar más protegido. Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas comerciales desleales, Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. El mal uso en el comercio electrónico Las infracciones a la LEC se califican como muy graves, graves y leves, a las que corresponderán sanciones que llevan aparejadas multas de 150.001 hasta 600.000 euros las muy graves, de 30.001 hasta 150.000 euros las graves y de hasta 30.000 euros las leves, pudiendo las muy graves y graves llevar aparejada la publicación a costa de la empresa infractora en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial de la Administración pública en su caso.

Regulación legal Las particularidades y novedades que suponen el comercio por vía electrónica hacen necesaria la existencia de una norma concreta que lo regule. Dado que no se suspenden las ejecuciones de créditos de derecho público, lo más aconsejable será solicitar siempre el carácter reservado. Con carácter general, en los procesos declarativos, se imponen las costas a la parte que pierde el pleito, salvo que el Juez considere que hay motivos concretos (especial dificultad del asunto, que plantee serias dudas sobre su solución) para no imponerlas. d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor y usuario puede dirigir sus reclamaciones. – ¿Qué opciones tiene la ciudadanía para mantener controlada su “reputación online”? La decisión de estar o no estar en Internet ya no es algo que dependa de nosotros.

Pero, si quien demanda es la empresa americana, sólo podrá demandar en base a su domicilio aparente que es España. Aplicar el régimen de responsabilidades atendiendo al modelo de negocio. Cuando la deuda era impagable era porque la persona había fallecido o porque no había deuda. Estos gastos están constituidos básicamente por los honorarios y derechos que los Abogados y Procuradores cobran a los litigantes. La deuda reconocida no nace así del acto de reconocimiento sino que precede a éste, y con el reconocimiento tan sólo se crea un instrumento para su demostración, que en el campo de la prueba permite acreditar la deuda reconocida, cuyo título creador será sin embargo el contrato de que se trate cuando lo reconocido es una obligación contractual. – ¿Qué papel desempeña la Unión Europea en el fomento de la Sociedad de la Información y de las nuevas tecnologías? ¿Hace especial hincapié en las zonas rurales y la brecha digital? La Unión Europea ha contribuido a fomentar de manera esencial el uso de Internet y el acceso universal a la Red, tanto desde un punto de vista normativo como de ejecución y financiación de programas.

Infografía ilustrativa. Condiciones Generales de la Contratación Donde se informa al consumidor o usuario del procedimiento a seguir para la contratación o uso de bienes y servicios a través de la página web, y de los derechos y responsabilidades que conforme a la legislación sobre consumidores y usuarios tienen las partes. Es lo que se conoce como outsourcing o subcontratación. Permitir que el consumidor pueda tomar una decisión motivada. Las empresas que participan en la financiación de la deuda también pueden ser elegibles para deducciones fiscales importantes. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Redacción de condiciones generales y particulares de contratación propias de comercio electrónico.

Dentro de este conjunto de reglas estaría un código legislativo que regulase el comercio electrónico a escala internacional, aplicable a las transacciones internacionales por todos los países, vía tratado internacional o Código de Conducta en Internet, netiquettes, políticas de usos en la red (Internet Use Policies), regulaciones de proveedores de acceso a Internet, normas deontológicas, principios básicos de e-business, etc. Ya hemos tenido que eliminar de esas listas a varios clientes, e interponer la consiguiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD), solicitando la sanción que marca la misma Ley de Protección de Datos”. Lógicamente, son de aplicación el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. La entonces entidad financiera Citibank ha sido una de las entidades preferidas por los hackers, aunque eBay le sigue de cerca. Protección en Competencia Judicial Internacional: artículo 15-17 Reglamento Bruselas I y 22.4 LOPJ.

Forma Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. Las resoluciones judiciales que aprueben transacciones judiciales. Se trata de reglas uniformes que regulan el comercio electrónico a escala internacional, y que podrían tener distintas presentaciones jurídicas, tales como tratados internacionales, códigos de conductas en los e-Business, sellos o distintivos de confianza o lo que sea, pero a través de un cuerpo de conductas global y general internacional. INFORMACIÓN QUE DEBE CONSTAR EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: El las condiciones de contratación, que tienen que estar accesibles, deberá constar: Los trámites para realizar la compra o contratación (el detalle de los pasos a dar) Las características de los bienes o servicios y los precios, incluidos impuestos y cualquier gasto de entrega o adicional.

Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario. Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas comerciales desleales, Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

Esta información legal viene suministrándose a los consumidores y usuarios a través de: Aviso Legal Donde se informa de la empresa, profesional o entidad titular de la página web y de utilización del mismo por el consumidor o usuario. Es el comercio online de una empresa o tienda virtual hacia un particular o consumidor final, como por ejemplo La Tienda en Casa, o Mercamanía. Precisamente como alternativa a la vía judicial de reclamación de deudas dinerarias, la Ley 15/2015, de Jurisidicción Voluntaria, creó un nuevo procedimiento para exigir el pago de ese tipo de deudas, donde el papel protagonista corresponde a los notarios (de ahí que a veces se le llame “monitorio notarial”). Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante, LGDCU); deroga los artículos 39 y ss. Hay que tener en cuenta, que lo dicho anteriormente incluye la descarga de archivos informáticos que no han respetado los derechos de propiedad intelectual, tales como música, fotografía, etc. Se entiende que el prestador de servicios no hace una oferta sino una invitación a negociar (por ejemplo, en reino Unido).

Con sólo echar un vistazo a las páginas de servicios que hay en internet, podemos hacernos una idea de lugar sobre cómo están las cosas. El auto que establezca la cantidad máxima reclamable, dictado en un procedimiento penal seguido por accidente de circulación. Una vez que las partes acuerdan una entidad competente para resolver el litigio, la propia plataforma le remite el caso por vía electrónica. Costas.- En la Sentencia, el Juez, además de resolver las cuestiones que le han sido sometidas, debe decidir también quién debe pagar las costas judiciales, es decir, los gastos del pleito. El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales.

Ahora: por cualquier técnica de información adecuada al tipo de contrato que se celebre. o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir ejemplares de los mismos, en su caso. Otra novedad es la supresión de la exigencia de informe de experto independiente, substituyéndose por una certificación del auditor de la sociedad acreditativa de que concurre la mayoría exigida para aprobar el acuerdo, por lo que los mismos serán más rápidos y económicos. En tal sentido se orienta la Jurisprudencia (entre otras, Sentencias de 24 de octubre de 1994, 13 de febrero de 1998 y 27 de noviembre de 1999). En el caso de que no desee dejar constancia de sus actividades en la red, utilice los mecanismos para preservar el anonimato que se describen en el cuerpo de este documento. adquisición de productos y servicios a través de Internet plantea para el consumidor unos riesgos similares a los de otras ventas a distancia en las que no existe contacto físico entre comprador y vendedor.

Por tanto, habida consideración de que la difamación se está produciendo en un ámbito mundial ¿serían competentes todos los Tribunales del mundo para conocer de este asunto? Resulta por tanto evidente la necesidad de adaptar los criterios del derecho internacional privado, al ámbito de Internet y por ende del comercio electrónico internacional, para hacerlos compatibles con los criterios de certeza y seguridad jurídica, unidad de competencia judicial y unidad de normativa aplicable. Sobre las clases de reconocimiento de deuda cabe distinguir entre un reconocimiento abstracto y un reconocimiento causal, teniendo efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también constitutivo si se expresa su causa justificativa. El concepto de auditoría de los ficheros de seguridad de nivel medio y/o alto implica necesariamente la realización de comprobaciones en los sistemas de información auditados, algo que no es posible llevar a cabo por vía telefónica.”

ABOGADOS, especialistas en derecho digital y asesoramiento jurídico sobre e-commerce, para: Verificar las condiciones legales que te afectan con el asesoramiento legal sobre e-commerce y derecho digital (por ejemplo sobre protección de datos personales, política de cookies, condiciones legales aplicables a contratos con consumidores concluidos a distancia o fuera del establecimiento mercantil). La Comisión es prudente al respecto, dado que el Tribunal Europeo está actualmente analizando un caso remitido desde Alemania, pero todo parece indicar que su posición es favorable a que los fabricantes puedan establecer restricciones de este tipo a menos que la situación de un determinado mercado aconseje una posición diferente.

Ley sobre Contratos celebrados fuera de los Establecimientos Mercantiles, Ley 26/91 de 21 de noviembre. No obstante, el Derecho Internacional Privado es muy rígido y precisa de una necesaria adaptación a unos criterios mucho mas flexibles, ya que si sólo se basa en la vinculación del problema planteado al territorio de un determinado Estado, al tratarse de conflictos extraterritoriales situados en cualquier parte del mundo, si no existiere esa necesaria flexibilidad, sin duda alguna, el Derecho Internacional Privado se tornaría inoperante. Obligación de informar acerca del proceso de perfeccionamiento del contrato (artículo 27.1 LSSI). Fuera de estas tres áreas ya situaríamos al resto de países donde, salvo excepciones, podríamos encontrarnos con problemas de protección jurídica. En los últimos años han surgido las empresas de recobro especializadas en pequeñas deudas (muchas de ellas de telefonía).

Dejar de pagar un crédito no constituye un ilícito penal —siempre y cuando no se trate de un caso de estafa o fraude—. Tributación fiscal de la compraventa por internet Los impuestos directos que gravan el comercio electrónico son los mismos que se aplican al comercio tradicional y demás actividades económicas: IRPF, Impuesto sobre sociedades e Impuesto sobre la renta de no residentes. En esta línea un sistema arbitral on-line daría mayor celeridad a la resolución de los conflictos al tiempo que generaría mayor confianza en los sistemas de autorregulación. Igualmente, el artículo 4 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, (redactado conforme a la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información) establece que la normativa se aplica tanto a los operadores que comercian desde España como a los sujetos que tienen sus establecimientos en terceros países. Si tenéis alguna duda de cómo afecta a vuestro negocio electrónico la nueva normativa o no sabéis exactamente cómo llevarla a la práctica, podeis contar con nuestra ayuda profesional para implantar la nueva ley de comercio electrónico en vuestros negocios digitales. Incluso diversifican su cartera de impagados entre varias agencias de recobro, para diversificar riesgos. Debe dar una serie de informaciones y de mecanismos de acceso en su página web.

Foro Domicilio del Demandado El principio fundamental es que la jurisdicción competente es la del Estado miembro donde el demandado tiene establecido su domicilio, cualquiera que sea su nacionalidad. Relativo a las clases de reconocimiento de deuda, afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2002 que en nuestro Derecho todo reconocimiento de deuda ha de ser causal, en el sentido de que ha de tener causa porque, como regla general, no se admite el negocio abstracto, pero puede ocurrir que la causa no está indicada o lo esté solamente de forma genérica; o bien que se halle plenamente expresada, en cuyo caso resulta perfectamente conocida la fuente u origen de la obligación y la función negocial a que responde. Regulación legal Las particularidades y novedades que suponen el comercio por vía electrónica hacen necesaria la existencia de una norma concreta que lo regule. Se calcula que en el año 2004 estos ataques han sido 40 veces superiores a los del 2003. “La precaución es la única solución”.

A partir de la entrada en vigor de la norma, además de los supuestos ya conocidos de no rescisión de acuerdos de refinanciación y otros negocios con acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo por los cuales se amplíe el crédito disponible o se modifiquen las obligaciones del deudor, se añade el supuesto de extinción de obligaciones mediante daciones en pago o su conversión en capital. (La doctrina dice que la legislación pretende que el consumidor adquiera el producto a distancia como si lo adquiriera directamente en el establecimiento). Era el plazo estipulado para que el seguro pudiera utilizarse y se hiciera cargo de mis cuotas mensuales durante otro año. Son ejemplos de personas a quienes algunas empresas de recobro persiguen día y noche, con llamadas y con comunicaciones escritas y que se han puesto en contacto con una de las empresas más activas únicamente cobra 20 euros por llevar a cabo toda el proceso extrajudicial que permita resolver el problema y llegar a un mejor acuerdo si es que la deuda es cierta.

Si se opone, se seguirá la tramitación conforme a las normas del procedimiento declarativo que corresponda según la cuantía reclamada (verbal u ordinario). El marco legal de este tipo de operaciones se regula porla Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que en su artículo 23 sobre la Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica establece que: “Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. En lo que se refiere a su extinción, señala la doctrina que el crédito fundado en un contrato de reconocimiento de deuda o en general en un contrato sin expresión de causa, es un crédito de existencia aparentemente independiente del crédito derivado del correlativo contrato causal, y esa apariencia subsiste en tanto no se destruya por el deudor.

El procedimiento monitorio europeo Consideración especial merece el procedimiento monitorio europeo, que se encuentra en funcionamiento en España, como en el resto de los países de la Unión Europea, excepto Irlanda, desde el mes de diciembre de 2008. Servidor ubicado en un país, host de la empresa en otro, domicilio social y fiscal en otro), surgen toda serie de dudas acerca de ante que órganos se puede reclamar y por que vías, cual sería la legislación aplicable y cual sería la validez internacional de la decisión con su correspondiente ejecución. Una cláusula se considera abusiva cuando genera un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor: “Por ejemplo: el proveedor puede resolver el contrato unilateralmente”.Sanción: nulidad de pleno derecho. La sentencia se dictará dentro del plazo de diez días desde la terminación del juicio.

“España, junto con Portugal, es el único país de la Unión Europea donde no existe un marco legal para la gestión de la deuda impagada”, recuerda la presidenta de la asociación, Para paliar este vacío legal, las compañías adscritas a Angeco se han “autorregulado” a través de un código ético que impone una serie de obligaciones hacia el deudor. La Sentencia de 1 de marzo de 2002 señala que en la técnica procesal se razona que el artículo 1277 produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal (de naturaleza “iuris tantum”), aunque un sector doctrinal prefiera hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción. No obstante hemos de tener muy presente que Internet alberga un mercado globalizado y deslocalizado y que dentro de el se mueven gran número de empresas y multitud de países con normas de regulación del comercio electrónico muy diferentes, lo que genera un importante grado de inseguridad jurídica. De todas las novedades, precisamente la más llamativa es la posibilidad de conversión de deuda en capital, que sin duda permitirá aligerar la carga financiera de las empresas, transformando parte de su pasivo exigible en recursos propios.

El medio más fiable para conseguirlo es el cifrado de los mismos. El equipo de abogados especialistas en comercio electrónico tiene por su parte un contrastado conocimiento de todas las implicaciones legales que surgen en el proceso de contratación electrónica y ofrecen a nuestros clientes un asesoramiento integral en todos los tramos de su relación con los usuarios; desde la configuración de los avisos legales y condiciones de contratación de las páginas web que funcionan como plataforma de los productos o servicios comercializados, hasta el momento propio de la contratación y/o el ejercicio de derechos de desistimiento o revocación por parte del comprador. El procedimiento extrajudicial más utilizado es el arbitraje, aunque hay otros para cuestiones más específicas, a los que se hará referencia al final de este apartado. De otra parte La Organización de las Naciones Unidas ha creado un grupo de trabajo formado por juristas de los estados miembros, especializados en comercio electrónico, que se denomina LWG (Legal Working Group) y actúa en el seno de CEFACT.

Modalidades de comercio electrónico Teniendo en cuenta las partes intervinientes, destacan tres modalidades de comercio electrónico: Comercio Business to Business (B2B) o Comercio de empresa a empresa (comúnmente se utiliza para el intercambio insumos o aprovisionamientos), Comercio Electrónico Business to Consumer (B2C), y Comercio Electrónico Consumer to Consumer (C2C). Si el deudor no paga dentro del plazo concedido, directamente se sacan a subasta los bienes hipotecados o dados en prenda. artículo 21 y 22: prohibición del envío de spamming a las personas que no lo hayan solicitado. EL ARBITRAJE El arbitraje es el modo alternativo al judicial para la resolución de conflictos. La Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, establece una protección prácticamente idéntica a la anterior, en materia de contratos de servicios financieros prestados a distancia por las entidades de crédito y otras entidades debidamente inscritas.

En este momento los analistas estiman que ya supone un 1,6% del comercio total nacional, aunque aun está muy por debajo del 5% que representa en Estados Unidos. Deber de facilitar una dirección de correo electrónico válida. Según el artículo 15 citado, no cabría esta posibilidad ya que esta empresa francesa sólo quería dirigir sus ventas al mercado francés. Pongamos el ejemplo de una empresa mejicana con apariencia española. Cuando no preceda el derecho de desistimiento. La Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico recomienda a todos los Estados que animen a las partes a la utilización del arbitraje para la resolución extrajudicial de controversias. Un dato significativo es que cuatro de cada cinco ínternautas, compramos por internet.

La figura del reconocimiento de deuda, dice la Sentencia de 28 de septiembre de 2001, ha sido reconocida por la jurisprudencia y por la doctrina científica como válida y lícita, permitida por el principio de autonomía privada o de libertad contractual sancionado por el artículo 1255 del Código Civil y vinculante para quien la hace, con efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también constitutiva si se expresa su causa justificativa. Si a eso añadimos que, según las estadísticas del propio Consejo General del Poder Judicial, en 2015 el 50% de los procesos monitorios termina en un archivo, bien por no ser el lugar del Juzgado el del domicilio del deudor, bien por no haberse podido localizar a éste, la conveniencia de un sistema donde esos dos factores son más fáciles de sortear (puesto que se puede requerir el auxilio de otro notario o averiguar el domicilio real del deudor) resulta indiscutible. La generalización de estas iniciativas como la Ley HADOPI en Francia, la Ley Sinde en España o la nueva Stop Online Piracy Act (SOPA) en Estado Unidos, puede perjudicar mucho en correcto desarrollo de la Sociedad de la Información puesto que se basan en limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad en aras de proteger derechos mercantiles privados y no fundamentales.

Modalidades de comercio electrónico Teniendo en cuenta las partes intervinientes, destacan tres modalidades de comercio electrónico: Comercio Business to Business (B2B) o Comercio de empresa a empresa (comúnmente se utiliza para el intercambio insumos o aprovisionamientos), Comercio Electrónico Business to Consumer (B2C), y Comercio Electrónico Consumer to Consumer (C2C). “Me reclaman una deuda de hace quince años” “Me reclaman una deuda de hace quince años”, “me reclaman una deuda de la que no tengo ni idea”, “me dicen que si pago ahora me dejan la deuda un 40% más barata, como si fuesen las rebajas”. El art.10 de la LSSI recoge la información mínima necesaria. CONCEPTO Una primera definición de servicios de la sociedad de la información aparece en la Directiva 98/34/CE y se refiere a cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico para el tratamiento (incluida la compresión digital) y el almacenamiento de datos, y a petición individual del receptor de un servicio.

Forma Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. Protección legal otrogada al consumidor en la contratación en internet Hay abundante normativa comunitaria ya incorporada al ordenamiento jurídico español y una muy completa legislación española. Contratos que regulan relaciones familiares y sucesiones (herencias). Por tanto, la realización de una auditoría telefónica de medidas de seguridad no permitiría obtener los resultados establecidos en la normativa de protección de datos. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial. Protección otorgada al consumidor en la contratación por Internet.

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial. El comercio electrónico directo está integrado por bienes y servicios. En particular estarán incluidas en este concepto aquellas que se realicen mediante pedidos sobre catálogos previamente distribuidos a los posibles compradores. de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y da una nueva redacción a su artículo 38; además de modificar los artículos 92 a 113 del citado Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, donde quedan regulados los contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil (Véanse Contratos celebrados a distancia y Contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles), con una regulación prácticamente idéntica de ambos..

Si no acude en busca de asesoramiento, lo que no deja de ser un supuesto fácil y típico, puede acabar como el rosario de la aurora: con un consumidor insatisfecho, un vendedor disconforme y un comercio electrónico perjudicado. Mantiene por tanto que el Derecho Internacional Privado es una rama del derecho que sigue utilizando el método indirecto de regulación: coge el problema jurídico, determina el juez competente y posteriormente aplica la ley del país más conectado, o lo que es lo mismo, busca nacionalizar la problemática jurídica. Ley de cookies Análisis de las cookies que genera un determinado sitio web, distinguiendo entre las propias y las generadas por terceros. La nueva regulación no considera personas especialmente relacionadas con el deudor a los acreedores que hayan capitalizado sus créditos y adquirido así la condición de socios del deudor, todo ello con el objetivo de fomentar este tipo de operaciones de refinanciación, sin la subordinación de créditos que normalmente supondría tener la condición de socio de la sociedad concursada. Principio de libertad de forma de los contratos (artículo 1278 CC).

La AEPD, que tutela los derechos de los ciudadanos en materia de datos personales (los llamados derechos ARCO: acceso, cancelación, rectificación, oposición), es uno de los terrores de las empresas de recobro de deuda. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquél en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento. Transcurridos dos años desde la fecha de conexión de los créditos, estos recuperarán el régimen anterior, esto es, solo tendrán la consideración de créditos contra la masa por un 50% de su importe.

Medió en el conflicto ICANN y se utilizó una política uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (normas de International Cyber law) que se aplica en centros de arbitraje. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. La revolución tecnológica constante en la que vivimos, abanderada por internet, ha conseguido trasladar completamente al ámbito digitaluna de las actividades más antiguas e inmutables de la civilización humana, como es la actividad comercial o mercantil. “Vas a pagar intereses de demora astronómicos”.

EL CONTRATO DE COMERCIO ELECTRÓNICO CON CONSUMIDORES Tomando como base, dada la confluencia de normas existentes, la Ley para la ordenación del comercio minorista, con las matizaciones antes apuntadas, el comercio electrónico viene referido a la contratación de bienes y servicios de modo que la oferta y aceptación se transmiten por medio de un sistema electrónico de contratación a distancia, establecido por el vendedor, siendo comprador un consumidor, es decir, el destinatario final del producto o servicio. Declara tener por objetivo la unificación de criterios en aras al mercado único, validando la anterior normativa, tanto la Directiva antes citada, como el abundante acervo existente en materia de protección de consumidores, ahondando en la protección en particular de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores y la dignidad humana, la protección del consumidor y de la salud pública. El Procurador es un profesional del Derecho cuya función consiste básicamente en representar a las partes ante los órganos judiciales, a fin de que no tengan que acudir personalmente los propios litigantes a los Juzgados y Tribunales, salvo cuando sea imprescindible su presencia. Características.- Se trata del procedimiento declarativo más complejo de los dos que regula la Ley española. El procedimiento está regulado en la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, de 13 de julio de 1998.

Si en el plazo señalado el deudor no hace ni una cosa ni otra, el notario levanta un acta que sirve como título de ejecución extrajudicial. (Conocida como directiva sobre el comercio electrónico). Déficit de información. Lo que se pretende es que el consumidor compre conociendo todos los términos de la venta. Actividades excluidas del comercio electrónico Están excluidos del comercio electrónico los productos ilegales, tales como los productos robados o falsificados, y en general todos aquellos cuyo tráfico esté prohibido por la ley. Reparación o sustitución del producto si este llega defectuoso: además, la devolución y/o el arreglo no tendrá que conllevar ningún coste para el comprador. Sólo hay que ver los datos reiterados de incremento sustancial del comercio electrónico en los últimos años para darse cuenta de ello. Dado que no se suspenden las ejecuciones de créditos de derecho público, lo más aconsejable será solicitar siempre el carácter reservado.

Hace hincapié en la necesidad de que la información al usuario sea más clara y transparente, transparencia bendito mantra. No obstante, el Art.8 LSSI permite que si no se puede acceder a la exigencia de las responsabilidades en que incurra la empresa infractora podrá proceder a cortar la comunicación del servidor en España. Si no es una oferta debe quedar claro en la página web. p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución. Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. En líneas generales, un procedimiento ordinario no dura menos de un año, más el tiempo necesario para la tramitación de un posterior recurso de apelación, si se produce. La Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en su artículo 92 nos da el siguiente concepto de contratos celebrados a distancia: ¿Te amenazan con aplicarte unos intereses de demora de triple dígito?

De acuerdo con una reciente sentencia del Supremo, el interés de demora de los préstamos personales no puede superar en más de dos puntos los intereses normales del crédito —significa que estaría en torno al 10% en 2015—. El objetivo final de los e-Marketplaces es la compra-venta de bienes o servicios por medios telemáticos, y el canal más frecuente es Internet. Recomendaciones a usuarios del comercio electrónico Información en la recogida de datos Cuando suministre datos personales a cualquier organización (proveedores de acceso, proveedores de contenido, vendedores a través de comercio electrónico, etc.) sea consciente de a quién se los facilita y con qué finalidad. Con respecto a la normativa española más relevante, que en gran medida transpone lo acordado a nivel europeo y lo adapta al sistema español, cabe destacar: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. El trabajo pretendía cubrir tanto el mercado de productos de consumo como el mercado de contenidos digitales.

Para otros países consultar) y Asesorarte legalmente sobre un amplio abanico de cuestiones como la normativa de protección de datos y privacidad, comercio electrónico, ventas online, métodos de pago, cloud computing, identificación electrónica, derecho de consumidores, disputas fronterizas sobre compras a distancia, y otros asuntos relacionados con el comercio electrónico. Nosotros en este artículo vamos a tratar sólo del Comercio Electrónico B2C en el que el consumidor ocupa una posición de clara debilidad económica y negociadora (En la modalidad B2B las dos partes del contrato son empresas o profesionales que ocupan una misma posición de fuerza económica). En cuanto al consumidor, su único coste será el de devolución del bien, y no será responsable de la disminución de valor del bien, salvo que haya realizado en los mismos una manipulación que no sea necesaria para conocer la naturaleza, características o funcionamiento. A tal efecto, se entiende por código de conducta el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en el que se define el comportamiento de aquellos empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos.

La prueba la tenemos en la política de Sociedad de la Información cuyo origen se remonta ya al Informe Bangemann de 1991. La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1956 recoge la definición del reconocimiento de deuda de Enneccerus como “el contrato por el cual se reconoce una deuda en el sentido de querer considerarla como existente contra el que la reconoce”. c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados. En el juicio, al igual que sucedía en el procedimiento ordinario, se practican las pruebas que aporten las partes, siempre que el Juez las declare pertinentes. La parte que sea condenada en costas, deberá abonar los honorarios del Abogado y del Procurador de la parte contraria.

La prescripción es la institución de Derecho civil que determina el plazo en el que se puede ejercitar nuestro derecho para reclamar una deuda. Mientras que el comprador y el vendedor no se van a encontrar físicamente durante la transacción, sí se van a usar mecanismos de comunicación electrónica para establecer el contrato. Los medios de prueba que admite la Ley para tratar de demostrar los hechos alegados son: las declaraciones de las partes y de testigos, informes de peritos, reconocimiento judicial de cosas o lugares litigiosos y reproducción de palabras, imágenes y sonidos (grabaciones). Como hemos visto, al tratarse de un domicilio real y otro aparente, podríamos demandar o bien en Estados Unidos, país de la sede real, o en España que es la sede aparente. El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar. El contrato se perfecciona con el sólo click del consumidor.

Y, en especial, señala que “Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.” Es en este punto donde queremos vincular esta Norma con otra no menos importante al respecto, como es el Título III de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, y que por indicarlo expresamente la Ley del Comercio electrónico resulta especialmente de aplicación, toda vez que estos contratos deben ser considerados como contratos celebrados a distancia, utilizando para ello una determinada tecnología de comunicación, pero resulta indiscutible que es un contrato en el que no se produce la presencia física simultánea del empresario oferente y el consumidor- comprador. Dejemos de advertir tanto de los peligros de la red y comencemos a difundir sus beneficios.

Siempre con la seguridad que ofrece contar con un despacho de abogados especialistas en comercio electrónico y asesoramiento legal sobre e-commerce. c) Prohibición de envíos no aceptados No se permite el envío de productos o servicios no aceptados mediando una petición de pago; si se efectuara el envío, el receptor no está obligado a su devolución, pero si decidiera devolverlos, no está obligado a indemnizar los daños producidos. “Te hemos metido en un fichero de morosos”. El tercer nivel de seguridad lo tendríamos en Estados Unidos, donde el comercio electrónico, y por correo, tiene altos niveles de eficiencia. Sin embargo, este plazo general de cinco años para reclamar una deuda puede verse reducido por la concreta naturaleza de la deuda. (Servicio ofrecidos para la UE y países seleccionados de LATAM. Aplicar el régimen de responsabilidades atendiendo al modelo de negocio. Esta plataforma de resolución se organiza en una serie de fases o etapas: El consumidor o usuario afectado debe rellenar el formulario de reclamación, creado a tal efecto, y enviarlo online desde la propia plataforma.

Y ello no sólo con palabras: ofrezcamos beneficios fiscales, laborales o sociales tangibles y directos a las personas que usen Internet en sus transacciones. Los primeros “llaman constantemente y amenazan con llevarte al juzgado”, los segundos “son mucho más agresivos: te persiguen completamente, llaman a tus vecinos, te insultan…”. Los títulos al portador o nominativos que representen obligaciones vencidas. La deuda tiene que ser cierta, vencida y exigible, es decir, que se debe poder probar su existencia. – ¿Considera que la actual crisis ralentizará el avance de la Sociedad de la Información? ¿Cómo considera su estado actual en España a día de hoy? Creo firmemente que la crisis no sólo no frena el desarrollo de la Sociedad de la Información sino que la acelera: por los motivos expuestos, no hay mejor medio de ahorrar costes e incrementar nuestra productividad que el uso de las nuevas tecnologías.

Es decir el consumidor ha de recibir la documentación del contrato y las condiciones generales de contratación. Una vez realizada la misma, no podrá formularse otra por el deudor durante el plazo de un año. Geo-blocking La Comisión reconoce que las medidas de geo-blocking establecidas unilateralmente por empresas no dominantes son aceptables; y se remite a los principios generales aplicables a los acuerdos de distribución respecto de las medidas que se incluyan en pactos entre fabricantes y distribuidores. La hipoteca y la prenda son derechos que el deudor constituye sobre bienes de su propiedad, a favor del acreedor y sirven para garantizar el cumplimiento de la obligación de pago, de forma que si el deudor no cumple, el acreedor puede vender los bienes hipotecados o dados en prenda, para así cobrar lo que se le debe. Algunas acreedoras no se limitan a externalizar la gestión de sus impagados, sino que al cabo de unos años, ante la dificultad de cobrarla, venden esas deudas a terceros por debajo de su cuantía, incluso a mitad de precio. En España no existe la prisión por deudas.

Si lo que resta fuese superior a cinco años, se aplicará el nuevo plazo de cinco años introducido por la Ley. A continuación examinamos algunas de las cuestiones que se regulan en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje: El convenio arbitral La designación del árbitro Tipos de arbitraje Gastos de arbitraje Eficacia del Laudo El Reglamento CE nº 44/2000 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que dispone que, en el ámbito de la UE, la acción entablada por un consumidor contra un suministrador podrá interponerla ante los tribunales de su lugar de residencia o, si lo prefiere, del Estado miembro donde estuviese domiciliado el suministrador; mientras que el suministrador sólo puede dirigirse a los tribunales del Estado miembro de residencia del consumidor para actuar contra éste.

Cuanto más claro esté el contrato, menos problemas tendremos luego y, a la larga, los clientes agradecen que las empresas sean transparentes. En cuanto a los bienes, son inmateriales, objeto de propiedad intelectual, tales como obras editoriales, musicales, obras audiovisuales, imágenes, bases de datos, programas de ordenador. Cuando se trate de un problema generado por una pagina WEB situada en un determinado país, pero que es visible en todo el mundo, que la empresa físicamente puede estar ubicada en otro país, que el almacén de distribución y fabricante esté en otro, las conclusiones podrían ser un absurdo procesal y legal. En este caso, el banco ha cedido la gestión del cobro de la deuda a una empresa para que actúe en su nombre. Déficit de información. Entender la importancia y cumplimiento de una política de privacidad adecuada a nivel de colaboradores y/o partners. También puede suceder que no sea necesario celebrar el juicio, si no se han propuesto pruebas, o éstas no han sido admitidas, o solamente se han propuesto como prueba los documentos aportados por las partes con sus escritos de demanda y contestación.

RÉGIMEN JURÍDICO Como hemos anticipado, son principalmente dos las normas internas que desarrollan las Directivas comunitarias en la materia, y numerosas las que inciden tangencialmente en ella. Cualquier transacción implica un contrato. Esta gran difusión de las compras por internet han creado la necesidad de nuevos especialistas en Derecho que se dediquen a el asesoramiento jurídico en materia de prestación de “servicios de la sociedad de la información” y comercio electrónico, adaptación a la LSSI-CE de todo tipo de páginas web, implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, medios de pago y no repudio, redacción de condiciones generales de contratación y revisión de clausulado web, asistencia jurídica en caso de apertura de expediente por parte de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) y otras administraciones, etc.,

El resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías a todo tipo de transacciones entre particulares y empresas, implica la aparición de nuevos problemas de orden legal que el Derecho debe regular y los abogados debemos abordar estudiando nuevas materias y adquiriendo conocimientos cada vez más técnicos para su defensa, se especializa en Derecho de las Nuevas Tecnologías. La ley sugiere “Pedido con obligación de pago”. Derechos de los consumidores en el comercio electrónico Información: la empresa que venda a través de Internet tiene que ofrecer información comprensible y clara al consumidor sobre su personalidad jurídica, los productos y servicios que ofrece, las modalidades de pago, los plazos y formas de entrega, la política de devoluciones y el derecho a desistimiento.

Procure averiguar la política de sus proveedores y administradores de listas y directorios en lo que se refiere a venta, intercambio o alquiler de los datos que les suministra. Análisis y consultoría legal sobre campañas publicitarias por medios electrónicos (Mailing interactivo con webs, correo electrónico, sms, redes sociales, Twitter, etc.).

El Art.23.2 del Reglamento 44/2001 dice que sí cabe esta opción siempre y cuando se haga de forma duradera (la opción ha de quedar guardada en un registro duradero). El peligro más grave para el futuro del comercio electrónico está en la desconfianza sobre la seguridad de las transacciones y de los pagos. Si la transacción electrónica no se tratara de una compraventa, habría de aplicarse el Convenio de Roma de 19 de Junio de 1980 que viene a establecer los siguientes criterios: B.1 Autonomía de la voluntad: Al igual que ocurría con la determinación del Foro, la elección de Ley aplicable, puede ser expresa o tácita. Pongamos este ejemplo: La empresa americana “ABC” con sede en Estados Unidos, aparece en la red (dominio español). Para aquellos que estén interesados en crear una tienda online, implementamos todos los procesos legales necesarios para poder desarrollar una actividad comercial por internet y en especial para la venta a distancia de productos y servicios.

En el año 2008, 3.418 litigios fueron resueltos en la OMPI a través de las normas del ICANN. Si tenéis alguna duda de cómo afecta a vuestro negocio electrónico la nueva normativa o no sabéis exactamente cómo llevarla a la práctica, podeis contar con nuestra ayuda profesional para implantar la nueva ley de comercio electrónico en vuestros negocios digitales. Conforme al derecho internacional privado, resultarían competentes los Tribunales en que se ha producido el daño. Igualmente no cabe aplicar estas presunciones cuando no se hubiese especificado cual será el lugar de cumplimiento de las obligaciones a)contratos on line que se ejecutan off-line: b)contratos online que se ejecutan on-line: en estos supuestos es donde surge la problemática de determinación la presunción de entrega de la mercancía si esta se produce en el cyber espacio.

Se aplica, fundamentalmente, en los sectores y actividades siguientes: periódicos en línea, bases de datos en línea, servicios financieros en línea, servicios profesionales en línea (abogados, médicos, contables, agentes inmobiliarios), servicios recreativos en línea (p.ej., alquiler de vídeos), marketing y publicidad directas en línea y servicios de acceso a Internet. Consulte el manual de su navegador para averiguar cómo informa de que se ha establecido una conexión con un servidor seguro. También pueden constituirse la hipoteca o la prenda sobre bienes de terceros, que de esta forma garantizan el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Para el supuesto de suministro de servicios, ya iniciados, el consumidor debe abonar la parte proporcional a dicho servicio que haya sido consumido, con arreglo a las condiciones contratadas o, si fuese excesivo y desproporcionado, con arreglo al valor de mercado. La Jurisprudencia, a la que nos referiremos, ha patrocinado su admisión desde la ya mentada Sentencia de 8 de marzo de 1956. Elaboración de Condiciones Generales de Contratación para la práctica de actividades de comercio electrónico. Hemos de fijarnos en los Incoterms, que son unas figuras de Internacional Business law para la translación del riesgo de las operaciones internacionales…

La Lex Mercatoria tiene diversas fuentes…es un derecho sin estado…viene de costumbres y de resoluciones de la Cámara de Comercio Internacional. Quedan excluidos del ámbito de la ley los contratos de suministro de productos alimenticios, de bebidas o de otros bienes del hogar de consumo corriente suministrados en el domicilio del consumidor por distribuidores que realicen visitas frecuentes y regulares, declarando de aplicación preferente las disposiciones de la Ley 34/2002. Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre, relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores Directiva 2013/11/CE y Reglamento nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativos a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y por las que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.

¿Quién quiere tener que seguir pagando unas vacaciones dos años después de disfrutarlas? Para gastos que se consuman rápidamente siempre es preferible ahorrar hasta poder pagarlos en efectivo. Por otro lado, y como se ha indicado más arriba, no serán rescindibles los Acuerdos individuales realizados por el deudor con cualquiera de sus acreedores antes de la declaración de concurso siempre que cumplan determinados requisitos de (i) proporción de activo sobre pasivo previa, (ii) proporción entre el activo corriente y el pasivo corriente (iii) valor de las nuevas garantías dadas por los acreedores, (iv) tipo de interés aplicable a las operaciones y (v) la elevación a público del acuerdo en cuestión, sin que el deudor deba alcanzar las mayorías de pasivo del apartado anterior. De nuevo, el Gobierno utiliza la doble vara de medir, imponiendo un sacrificio a los acreedores ordinarios del que exime a las Administraciones Públicas cuando este sacrificio debería ser igual para todos los acreedores. Se establece la ausencia de tributación en el Impuesto de Sociedades, en los supuestos de capitalización de deudas y se determina un sistema de imputación diferida para las rentas derivadas de las quitas y esperas. Utilización de cláusulas abusivas que en muchos casos perjudican a los derechos del consumidor.

En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y del titular se efectuarán a la mayor brevedad. b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento. Es aquí donde, muchas veces, debemos de actuar para proteger nuestra privacidad y nuestro derechos al honor. La compra-venta de productos farmacéuticos por comercio electrónico Un grave problema lo plantea la compra electrónica de productos farmacéuticos que no están autorizados en España o para los que se requiere receta médica. Infografía ilustrativa. Y el artículo 1101 le reconoce el derecho a hacerlo por vía judicial o extrajudicialmente, que es la primera vía por la que se opta debido a que es mucho más barato.

También se introduce la publicidad de la comunicación del 5 bis LC, que deberá publicarse en el Registro Público Concursal, aunque el deudor podrá solicitar que dicha comunicación tenga carácter reservado. La Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en su artículo 92 nos da el siguiente concepto de contratos celebrados a distancia: Por ejemplo, precisando que no se realizarán pedidos llevados a cabo fuera de Europa. Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones sobre Comunicaciones Electrónicas (Modifica la Ley de Comercio Electrónico y Servicios de la Sociedad de la Información). Pinche sobre la imagen para desplegar la infografía ampliar foto Pinche sobre la imagen para desplegar la infografía Para instar este procedimiento notarial de reclamación de deudas, basta con acudir al notario con el documento que refleja la deuda y cumpliendo los requisitos antedichos.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONSTAR EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: En las condiciones de contratación, que tienen que estar accesibles, deberá constar: Los trámites para realizar la compra o contratación (el detalle de los pasos a dar) Las características de los bienes o servicios y los precios, incluidos impuestos y cualquier gasto de entrega o adicional. 4.1.2.- EL JUICIO VERBAL Casos en que procede.- Además de ser procedente para las reclamaciones de cantidades iguales o inferiores a 6.000 euros, este procedimiento es también aplicable a otro tipo de reclamaciones, como las que persiguen el desahucio de un arrendatario moroso, la suspensión de una obra nueva o el derribo de alguna obra o edificio que amenace ruina, y otras especificadas por la Ley. Podemos decir que la ingeniería social consiste en la manipulación de las personas para que voluntariamente realicen actos que normalmente no harían.

La sentencia se dictará dentro del plazo de diez días desde la terminación del juicio. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: los impresos, con o sin destinatario concreto; las cartas normalizadas; la publicidad en prensa con cupón de pedido; el catálogo; el teléfono, con o sin intervención humana, cual es el caso de las llamadas automáticas o el audiotexto; la radio; el teléfono con imagen; el videotexto con teclado o pantalla táctil, ya sea a través de un ordenador o de la pantalla de televisión; el correo electrónico; el fax y la televisión. Tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por la que se modifica a través de la Disposición final primera de la Ley el artículo 1.964 del código civil, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años, es decir, el plazo para reclamar estas deudas es de cinco desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, y la acción hipotecaria prescribe a los veinte años. Pero, tratándose de prenda sin desplazamiento de la posesión, el acreedor no tiene opción posible: el procedimiento de venta en subasta pública no puede continuar si el deudor no entrega la posesión de los bienes, de manera que será preciso acudir al procedimiento judicial oportuno.

Imaginemos que se intentara limitar el número de copias que hacía Gutemberg con su imprenta: no tiene sentido luchar contra la tecnología. En caso de falta de disponibilidad del producto, el vendedor podrá suministrar, por el mismo precio, otro de similares características y de igual o superior calidad. En función de la situación, el ciudadano puede dirigirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los juzgados o a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). f) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de la tarifa básica. El conocimiento por parte de los abogados de este procedimiento notarial de reclamación de deudas dinerarias y la generalización de su uso puede contribuir además a una notabilísima disminución de asuntos en los Juzgados civiles, lo que redundará en la calidad de la Justicia.

Es un juicio predominantemente oral, si bien la demanda inicial y la contestación del demandado se hacen por escrito. Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de productos. El acreedor ha de acudir a cualquier nNotario del domicilio del deudor, para reclamar a éste una deuda dineraria, líquida, vencida y exigible. Ante cualquier duda sobre la legalidad de la utilización de sus datos de carácter personal, póngase en contacto con la Agencia de Protección de Datos. El peligro más grave para el futuro del comercio electrónico está en la desconfianza sobre la seguridad de las transacciones y de los pagos. La ingeniería financiera saca al mercado productos financieros y aseguradores que tienen un muy difícil encaje en el derecho mercantil clásico. La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 22 de febrero de 2000, rec. Dejar de pagar un crédito no constituye un ilícito penal —siempre y cuando no se trate de un caso de estafa o fraude—.

Una vez realizada la misma, no podrá formularse otra por el deudor durante el plazo de un año. Una empresa esta realmente establecida en una país pero se publicita en internet con un dominio de otro país. “En un 90% de los casos se gana”, asegura. Se suprime en este caso el trámite escrito de la contestación a la demanda, así como la audiencia previa. Comercio electrónico indirecto En cambio, el comercio electrónico indirecto comprende las transacciones realizadas por medios electrónicos relativas a bienes tangibles, que no pueden descargarse u obtenerse directamente a través de Internet. Servicios Revisión y adecuación de páginas web a la LSSI. Siempre con la seguridad que ofrece contar con un despacho de abogados especialistas en comercio electrónico y asesoramiento legal sobre e-commerce. “Te vamos a llevar a los tribunales”. Comercio Electrónico B2B (relaciones entre empresas): Los mercados virtuales o e-marketplaces son entornos virtuales que facilitan procesos de negocio entre empresas, utilizando la tecnología para realizar transacciones, facilitar la relación entre compradores y vendedores y optimizar los gastos de gestión y dar transparencia al mercado.

Así, el citado artículo 92 de la LGDCU define la venta a distancia, como aquella realizada con los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. Es el comercio online directo entre particulares, normalmente en transacciones llevadas a cabo mediante subastas en marketplaces C2C como por ejemplo eBay, Kelkoo. En todo caso el consumidor o destinatario tiene derecho a oponerse: puede pedirle al proveedor que le borre de su lista de distribución.

A este respecto, hay que tener en consideración el punto en que nos encontramos en la implementación de las condiciones marco de imposición sobre el comercio electrónico (conferencia Ottawa de 1998) por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE La responsabilidad en el comercio electrónico En la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico se regula la responsabilidad en el comercio electrónico e Internet, a la cual le es aplicable el bloque normativo de la responsabilidad civil de los intermediarios en general, incluida la normativa de responsabilidad civil derivada del delito, en particular por daños derivados de los ilícitos penales consistentes en la introducción de virus (artículo 264.2 CP) y por acceder, a través de ordenador, a ordenadores de terceros sin consentimiento o a sitios de acceso no autorizados (artículo 197.1 y 278 a 280 CP). NORMATIVA APLICABLE La normativa aplicable a este apartado séptimo está constituida básicamente por las siguientes normas, en cuanto se refiere a los procedimientos extrajudiciales: Ley 60/2003, de 23 de diciembre, reguladora del Arbitraje.

EL ARBITRAJE El arbitraje es el modo alternativo al judicial para la resolución de conflictos. Protección en la fase postcontractual. Nuevos ingresos de tesorería La norma establece un régimen favorable para los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en los dos años siguientes de la entrada en vigor del presente Real Decreto y así tendrán la calificación de créditos contra la masa (i) el 100% de los ingresos de tesorería concedidos en el marco del acuerdo de refinanciación, incluso por el propio deudor o persona especialmente relacionada, (ii) Los intereses que devenguen los citados ingresos y (iii) los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio. Lo que se pretende es que el consumidor compre conociendo todos los términos de la venta.

Sobre los efectos que se vinculan al reconocimiento de deuda, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2004, que la declaración de quien ocupa la posición de deudor en una anterior relación de obligación, o la coincidencia de las dos partes de la misma para exteriorizar la voluntad de fijar el contenido de ese precedente vínculo y de entenderlo y cumplirlo en los términos reconocidos, da vida a un negocio de segundo grado que no está liberado en nuestro Código Civil de la necesidad de causa (artículos 1261.3 y 1275), de modo que sin ella o con abstracción de ella no puede tener validez. Se establecen dos derechos imperativos e irrenunciables del consumidor: Confirmación del contrato y las CGC en soporte duradero (artículo 3.3 RD 1906/99).

Esto no existía para las ventas a distancia, es una novedad. Controlar las comunicaciones comerciales electrónicas. Calculadora: ¿qué vivienda puede permitirse? Deuda “mala” foto vacaciones en la playa Por supuesto, las deudas “malas” incluyen todas las que se contraen para adquirir bienes que no necesitamos o que no podemos permitirnos (por ejemplo el televisor plasma de 60 pulgadas). El procedimiento está regulado en la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, de 13 de julio de 1998.

Control del carácter abusivo de las cláusulas del contrato (artículo 10 bis y DA 1ª LDCU). Consumidores y usuarios Revisión del cumplimiento de la normativa consumo: verificación del correcto etiquetado de productos, eliminación de cláusulas abusivas, elaboración de protocolos de devoluciones… La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, justifica el establecimiento de un marco jurídico para la utilización de una herramienta que aporta confianza en la realización de transacciones electrónicas en redes abiertas como es el caso de Internet. Plazo mínimo de dos años tras la celebración del contrato de garantía de los bienes muebles corporales de consumo. Ley Hipotecaria, aprobada el 8 de febrero de 1946 y su Reglamento, aprobado el 14 de febrero de 1947, en cuanto a la ejecución extrajudicial de las hipotecas sobre bienes inmuebles.

Los medios de pago también pueden articularse electrónicamente. Y, además, para complicar mas las cosas, hay una insuficiente armonización legislativa. Redacción de condiciones generales y particulares de contratación propias de comercio electrónico. Los motivos son muchos: es ilegal; no tenemos ninguna garantía de que estén bien hechas; no tienen porqué adaptarse a nuestro negocio y, por último, el contrato de venta de nuestros productos es lo suficientemente importante como para dedicarle un poco de atención. Si el Juez la admite a trámite, dará traslado de ella al demandado y citará a ambas partes para la celebración del juicio.

No obstante, esta legislación sobre venta a distancia es compleja, poco conocida y bastante dispersa por lo que, para no hacer un listado muy prolijo, daré una reseña sólo en lo que resulta más esencial para la protección del consumidor: Normativa española: Ley 56/2007 de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Parece mentira, pero todavía no se ha implantado un sistema de pago generalizado en la Red que no implique la necesidad de dar nuestros datos de carácter personal. Se trata en definitiva, de un derecho espontáneo que nace de las prácticas comerciales de Internet, con el objetivo de sustraerse a la aplicación de ordenamientos jurídicos nacionales. RD 1906/99. A.3 Foro materia contractual Según el Art.5.1 del Reglamento 44/2001, en materia contractual se puede demandar ante el tribunal correspondiente al lugar donde hubiere sido o debiera haberse cumplido la obligación que sirve de base a la demanda. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica. En 2005 las agencias de recobros lograban recuperar casi el 100% de la deuda que se reclamaba.

Derecho Internacional Privado Otra postura opta por el Derecho Internacional Privado de cada uno de los estados, que plantea la resolución de los conflictos, de la competencia judicial, la normativa aplicable y la ejecución de sentencias en el extranjero, desde la óptica de las reglas tradicionales que remiten el conflicto a los Tribunales estatales competentes. Como se ha visto, para el comercio electrónico interno español, los niveles de protección son abundantes y el consumidor no debería de tener más desconfianza o reservas de las que pueda tener en el comercio tradicional a nivel de tienda. La determinación del domicilio se efectúa en función de la ley del Estado miembro del tribunal competente. También es probable que en un futuro próximo, estos códigos de conducta podrían servir de patrón para el desarrollo legislativo de normas unitarias para las transacciones comerciales.

El artículo 4 del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales de ámbito europeo, establece como criterio de determinación de la norma aplicable la pactada por las partes y en su defecto, la del lugar con el que el contrato presente vínculos más estrechos. Esta gran difusión de las compras por internet han creado la necesidad de nuevos especialistas en Derecho que se dediquen a el asesoramiento jurídico en materia de prestación de “servicios de la sociedad de la información” y comercio electrónico, adaptación a la LSSI-CE de todo tipo de páginas web, implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, medios de pago y no repudio, redacción de condiciones generales de contratación y revisión de clausulado web, asistencia jurídica en caso de apertura de expediente por parte de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) y otras administraciones, etc., El resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías a todo tipo de transacciones entre particulares y empresas, implica la aparición de nuevos problemas de orden legal que el Derecho debe regular y los abogados debemos abordar estudiando nuevas materias y adquiriendo conocimientos cada vez más técnicos para su defensa, se especializa en Derecho de las Nuevas Tecnologías.

Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones. La finalidad es evitar abusos. El equipo de abogados especialistas en comercio electrónico tiene por su parte un contrastado conocimiento de todas las implicaciones legales que surgen en el proceso de contratación electrónica y ofrecen a nuestros clientes un asesoramiento integral en todos los tramos de su relación con los usuarios; desde la configuración de los avisos legales y condiciones de contratación de las páginas web que funcionan como plataforma de los productos o servicios comercializados, hasta el momento propio de la contratación y/o el ejercicio de derechos de desistimiento o revocación por parte del comprador. Vamos a ver dos supuestos prácticos diferenciados: Aparentemente en el mercado una empresa está operando desde España, pero en realidad esto no es así, ya que está operando desde otro Estado. En Internet no vale todo. Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. En este contexto, un ganadero escocés llamado Sting, solicitó el registro del nombre de dominio.

Esta última expresión parece equívoca, debiendo entenderse que hace referencia a la resolución del contrato; pues las causas de rescisión están tasadas por la Ley sin que vengan referidas al cumplimiento, sino más bien a la capacidad de los otorgantes. España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea sin ese marco legal, lo que ha convertido al sector en un campo sin fronteras. Utilización de cláusulas abusivas que en muchos casos perjudican a los derechos del consumidor. Todas estas causas generan la desconfianza del consumidor hacia el comercio electrónico y por ello los ordenamientos jurídicos de los diferentes países tienden a protegerlo mediante las adecuadas normas legislativas. Se entiende que el prestador de servicios no hace una oferta sino una invitación a negociar (por ejemplo, en reino Unido). Es decir, a las relaciones surgidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley para las que no existía un plazo de prescripción específico se le aplicará el régimen de prescripción más amplio de 15 años y habrá que estar a lo que reste para cumplir ese plazo para reclamar una deuda.

Y ello por esa falta absoluta de legislación, lo que ha dado pie a intrusismos de los más villanos, con actuaciones cercanas a la coacción y la extorsión castigadas en el Código Penal que, junto con la Ley de Competencia Desleal 3/1991, son las únicas herramientas de los afectados para defenderse. Protección en Derecho aplicable: El convenio de Roma establece disposiciones cuyo objetivo es impedir que la protección ofrecida por el ordenamiento nacional al consumidor sea burlada mediante la elección de un derecho extranjero. Con respecto a la normativa española más relevante, que en gran medida transpone lo acordado a nivel europeo y lo adapta al sistema español, cabe destacar: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En función de la situación, el ciudadano puede dirigirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los juzgados o a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por eso hay que revisar todas las condiciones y cláusulas que tengamos en nuestro comercio electrónico para no encontrarnos con “devoluciones tardías”.

Actualmente, la regulación se ha trasladado, como se ha dicho, a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En general, hay una tendencia a flexibilizar las condiciones formales del convenio arbitral y sus posibles cláusulas. Para el caso de los acreedores financieros que no hubieren suscrito el acuerdo de refinanciación o que estuvieren en contra del mismo, se les extenderán igualmente determinados efectos del acuerdo de refinanciación homologado, todo ello dependiendo del porcentaje de acreedores financieros que sí hayan suscrito el acuerdo. Lugar de celebración de los contratos electrónicos Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervengan como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. A través de la Disposición transitoria quinta de la referida Ley se establece el régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes a la entrada en vigor de la norma disponiendo expresamente que el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial para su reclamación, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.

Son declarativos los procedimientos en los que se pretende que el Juez declare algo sobre lo que no hay acuerdo entre las partes, por ejemplo: la resolución de un contrato, la existencia de un derecho, la disolución de un matrimonio o la existencia de una deuda y, en este último caso, la condena al pago de la misma. Los principios a que alude este apartado son los siguientes: La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional. Tras el análisis, redactamos los avisos correspondientes. “Cuando me quedé en el paro ya había pasado más de un año pagando el seguro. Creo que en estos casos lo razonable es que a través de avisos legales, este tipo de páginas precisen a qué países quieren dirigir su actividad comercial.

Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales. artículo 40 LOCM. Cuanto mejor sea el contrato menos posibilidad de problemas tendrá en el futuro. En tal caso el reconocimiento de deuda, entendido como contrato de fijación, se aproxima al contrato transaccional aunque se diferencia de él por su estructura, al tener aquél carácter unilateral. Ahora bien, si se establece alguna reserva de dominio o una prohibición de disponer, el contrato deberá ser inscrito en el Registro de Ventas de Bienes Muebles a Plazos, pues de otro modo, no tendrá eficacia frente a terceras personas.

Ya hemos tenido que eliminar de esas listas a varios clientes, e interponer la consiguiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD), solicitando la sanción que marca la misma Ley de Protección de Datos”. Son declarativos los procedimientos en los que se pretende que el Juez declare algo sobre lo que no hay acuerdo entre las partes, por ejemplo: la resolución de un contrato, la existencia de un derecho, la disolución de un matrimonio o la existencia de una deuda y, en este último caso, la condena al pago de la misma. Estas deudas son sumamente peligrosas porque si no se controlan puede provocar el efecto bola de nieve y crecer con gran rapidez. Existen excepciones en las que no se puede aplicar este derecho, por ejemplo, si es un producto personalizado, si se deteriora o caduca, si es duplicable (caso de música o software), o si tiene un precio oscilante.

Por esta causa, en este mes de Febrero de 2009, los eurodiputados están pidiendo a la Comisión Europea, que establezca mecanismos que refuercen la confianza en los pagos on line internacionales entre empresas y particulares y que cree sistemas adecuados de resolución de conflictos en caso de prácticas ilegales. Puede ser el único tipo de procedimiento posible para reclamar deudas cuando no se dispone de ningún documento en el que conste la existencia de la deuda, y que pueda servir de base para acudir a un juicio más rápido y directo, como pueden ser el cambiario, el monitorio o el ejecutivo. Así por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de la obligación de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran; la de satisfacer a los Farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los Profesores y Maestros sus honorarios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio; la de pagar a los jornaleros el importe de sus servicios, y el de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho concernientes a los mismos; la de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.

Abogados elaboramos las Condiciones Generales de Contratación de forma meticulosa, estudiando toda la casuística y cuidando todos los detalles, de forma que el resultado sea un contrato completo pero a la vez sencillo, garantía de que todo quede perfectamente claro y regulado. Y es que, debemos de saber que, actualmente, uno de cada tres ciudadanos europeos, compramos por Internet. Cuando no preceda el derecho de desistimiento. A priori, como veremos mas adelante, podríamos establecer tres áreas de seguridad jurídica. q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del contrato. Declaraciones de voluntad impulsivas: acuerdos click-wrap y web-wrap. Como sabemos, el primero que registra obtiene la titularidad de un determinado nombre de dominio.

Es lo que se denomina el “déficit democrático” que puede perjudicar a las pequeñas y medianas empresas y en última instancia a los consumidores. Características.- El procedimiento ejecutivo es, en principio, rápido, y lo que pretende es hacer efectivo el cumplimiento de una obligación, ya sea pecuniaria o de otro tipo. “Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) atestiguan que la necesidad de estar conectado a la Red está cada vez más extendida. Uno de los objetivos del estudio era analizar posibles restricciones a la competencia derivadas de las prácticas comerciales de las empresas; y reflexionar acerca de qué medidas podrían adoptarse para mejorar el acceso a productos y servicios tanto por los consumidores como por las empresas. La característica fundamental del comercio electrónico es que la contratación, es decir, la oferta y la aceptación de la misma, se realizan on-line, pudiendo o no efectuarse el pago también on-line. No obstante, y pese a las indudables ventajas que este procedimiento introducido en el año 2000 por la Ley de Enjuiciamiento Civil ha supuesto para los acreedores (actualmente, el 40% de las ejecuciones civiles proviene de un monitorio), lo cierto es que obliga a acudir a los tribunales, con los costes económicos y sobre todo temporales que tal circunstancia siempre comporta.

Pero, el problema sin duda alguna, aparecería en el momento de solicitar la ejecución de esta resolución por parte de los Tribunales norteamericanos. Sin embargo, las empresas necesitan estar en condiciones de poder pagar sus préstamos de acuerdo con el calendario de pagos convenido con el fin de evitar consecuencias negativas. Como se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2007, el Código Civil no regula expresamente esta figura jurídica, pero la jurisprudencia la reconoce, partiendo, para ello, de la libertad contractual del artículo 1255 del Código Civil, y relevando, en su caso, al que se ampara en el documento de reconocimiento, de la obligación de expresión en él de la causa, por entenderla existente (artículo 1277 del Código Civil), y refiriéndose la abstracción posible al aspecto procesal, por liberar de la prueba al que le beneficia (Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, aparte de otras, de 23 de enero de 2007, la que cita, a su vez, las de 5 de marzo de 1998 y 28 de enero de 1994).

Sólo tenemos que hacer una mera búsqueda en Google con nuestro nombre completo para comprobarlo (y más si lo entrecomillamos): ahí veremos que distintas publicaciones e Instituciones ya han volcado nuestros datos en la Red: nuestra participación en unas oposiciones, una multa de tráfico o una foto que nos sacó un amigo y que etiquetó en Facebook están ya ahí y, en ocasiones, pueden afectar nuestra dignidad e imagen pública. Trámites esenciales.- El procedimiento es muy sencillo: ante la petición presentada por el demandante, el Juez requiere de pago al deudor. Pero, si consideramos que la actividad comercial está mas vinculada a España, la ley aplicable podría ser la española.

La identidad del empresario, domicilio y una dirección de correo electrónico Los procedimientos de pago, entrega y/o ejecución del servicio. En su conjunto, en definitiva, el Reglamento 44/2001 adopta criterios norteamericanos. Un Tribunal francés ordenó a Yahoo bloquear el acceso de esos artículos a sus usuarios de Francia, ya que sus normas de derecho público prohibían la venta o subasta de productos nazis. España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea sin ese marco legal, lo que ha convertido al sector en un campo sin fronteras. Tributación fiscal de la compraventa por internet Los impuestos directos que gravan el comercio electrónico son los mismos que se aplican al comercio tradicional y demás actividades económicas: IRPF, Impuesto sobre sociedades e Impuesto sobre la renta de no residentes. Esta nueva Ley contempla otras circunstancias, tales como el horario en que podemos recibir llamadas comerciales de nueve de la mañana a nueve de la noche, indicando que es una llamada comercial, identificando a la empresa y el objetivo de la llamada. Solicitar la inclusión del deudor en un fichero de morosos es legal cuando se haya requerido anteriormente el pago de la deuda a través de un medio fehaciente que justifique el origen del pasivo.

No realice transacciones comerciales electrónicas a través de proveedores con sistemas “inseguros” o no fiables. EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN LA JURISPRUDENCIA En la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2006 (Ponente Almagro Nosete), se expone que en relación a la figura del reconocimiento de deuda, la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 2004 recoge que aunque la regulación del llamado “reconocimiento de deuda”, no aparece expresamente contemplada en el Código Civil común, una jurisprudencia consolidada de esta Sala ha tenido buen cuidado en admitirlo y dotarlo de los requisitos que sean exigibles para su aplicación, pudiendo, al efecto, señalarse, las Sentencias de la misma, de 30 de mayo de 1992, 20 de noviembre de 1992, 11 de marzo de1993, 30 de septiembre de 1993, 27 de julio de 1994, 24 de octubre de1994, 22 de julio de 1996, 5 de mayo de1998, 29 de junio de 1998, 28 de septiembre de1998, 8 de junio de 1999 y 23 de diciembre de 1999.

En cuanto a la territorial, habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo electivo el fuero del domicilio del demandado o el del lugar de la prestación, si en éste tiene establecimiento o representación el demandado, en el caso en que la demandada sea la persona jurídica; en otro caso, siempre el del domicilio del demandado, a salvo, claro está, la sumisión expresa o tácita. Es por ello que la idea del International cyber law es incompatible con la idea de soberanía nacional de los Estados y éstos en última instancia jamás renunciarán a su vertiente reguladora. Las bases sobre las que se desarrollará el procedimiento de ejecución directa (o lo que es lo mismo, venta en pública subasta), deberán constar claramente expuestas en la escritura de constitución de la hipoteca y, por tanto, inscritas también en el Registro de la Propiedad.

Entrega y devolución de la mercancía Otra de las cuestiones a revisar por los propietarios y gestores de los sitios web de comercio electrónico, es el proceso de entrega de la compra al consumidor, en la Ley se marca que de no existir acuerdo previo entre las dos partes el plazo de entrega es de treinta días, así que de no existir ese plazo marcado y aceptado por ambas partes, el consumidor podrá resolver el contrato sin ningún tipo de penalización por su parte. En tal caso no se persigue la producción de un efecto jurídico consistente en la creación de una deuda, sino la mera constatación de la ya existente. El tercer nivel de seguridad lo tendríamos en Estados Unidos, donde el comercio electrónico, y por correo, tiene altos niveles de eficiencia. Igualmente, y por diferencia con la modalidad B2B el comprador no va a adquirir el producto para reintroducirlo o revenderlo en el mercado, si no que lo adquiere como consumidor final, para su uso personal. El importe recuperado se situó en 10.600 millones.

Esta venta del bien hipotecado puede llevarse a cabo, o bien acudiendo a los Tribunales de justicia como se ha señalado más arriba, o bien mediante un procedimiento extrajudicial, que deberá llevarse a efecto ante Notario y cuyos trámites vienen regulados en el Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947. En vez de modificar dichos modelos y adaptarse a los tiempos dando opciones sencillas y económicas de acceder a sus obras, dicha Industria ha presionado para endurecer la legislación e ilegalizar prácticas, como la copia privada, que siempre fueron legales en nuestro país: para eso estaba el canon y no para compensar la piratería. Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.